Delito Fiscal: Umbral de 120.000 Euros y Cómo Actuar Frente a la Agencia Tributaria

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El delito fiscal, umbral de 120.000 euros y cómo actuar frente a la Agencia Tributaria, es una de las cuestiones que más dudas genera a quienes reciben un requerimiento tributario. Superar el umbral de 120.000 euros de cuota defraudada es la condición más conocida del delito fiscal, pero no es, ni mucho menos, la única que determina si una actuación de la Agencia Tributaria termina en un expediente sancionador o en un procedimiento penal.

La prescripción, el cómputo exacto de la cuota, la existencia de dolo, la posibilidad de regularizar antes de que se inicien actuaciones de comprobación y el grado de control interno de la empresa son factores que, en la práctica, pesan tanto o más que la propia cifra.

En Distress Abogados acompañamos a particulares, administradores y empresas que reciben un requerimiento de la AEAT con indicios de delito fiscal, y en esta guía explicamos con detalle cómo se construye jurídicamente el umbral de 120.000 euros, cuándo la Agencia Tributaria puede acudir a la vía penal, qué diferencia hay entre prescripción tributaria y prescripción penal, cómo se desarrolla la instrucción y qué estrategias de defensa y de cumplimiento normativo permiten reducir el riesgo.

1. Delito fiscal, umbral de 120.000 euros y cómo actuar frente a la Agencia Tributaria: qué es y por qué el umbral no lo explica todo

El delito fiscal, regulado en el artículo 305 y siguientes del Código Penal, castiga a quien, por acción u omisión, defrauda a la Hacienda Pública eludiendo el pago de tributos, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de forma ilícita, siempre que la cuantía defraudada supere los 120.000 euros. Esta cifra, fijada por la Disposición Final Quinta de la Ley Orgánica 10/1995 en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 6/1995, es la frontera cuantitativa que separa, en principio, el ilícito penal del ilícito administrativo.

Sin embargo, reducir el delito fiscal a una cuestión de cifra es un error frecuente que puede resultar muy costoso. Superar los 120.000 euros no convierte automáticamente una discrepancia tributaria en delito: es necesario, además, que concurra dolo, es decir, voluntad consciente de defraudar, no un simple error de interpretación normativa o una discrepancia de criterio con la Administración. Y, a la inversa, no alcanzar el umbral tampoco garantiza la impunidad penal cuando existen conductas instrumentales de falsedad documental, sociedades interpuestas sin actividad real o tramas de facturación ficticia que puedan calificarse de forma autónoma como otros delitos.

Entender correctamente el delito fiscal, el umbral de 120.000 euros y cómo actuar frente a la Agencia Tributaria desde el primer momento marca buena parte del resultado final. En Distress Abogados insistimos a nuestros clientes en que la pregunta relevante no es solo "¿he superado los 120.000 euros?", sino "¿existe una conducta dolosa, probada más allá de toda duda razonable, que explique ese resultado?". Esa distinción marca buena parte de la estrategia de defensa frente a cualquier investigación por delito fiscal.

2. Cuándo hay delito fiscal y cuándo solo infracción administrativa

En relación con el delito fiscal, umbral de 120.000 euros, no toda regularización tributaria que arroje una cuota superior a 120.000 euros termina, ni debe terminar, en la vía penal. La Agencia Tributaria y, en su caso, el Ministerio Fiscal deben valorar si concurren los elementos típicos del artículo 305 CP: una conducta defraudatoria (no un mero impago), dolo directo o eventual, y una cuantía que, calculada conforme a las reglas del propio precepto, supere el umbral legal referido a un mismo concepto tributario y, por lo general, a un periodo impositivo o de declaración.

Entre los supuestos que habitualmente quedan en el ámbito administrativo, y no en el penal, se encuentran los basados en interpretaciones razonables de normas complejas o controvertidas, los derivados de errores contables sin ánimo defraudatorio acreditado, las discrepancias de valoración sobre operaciones vinculadas o criterios de imputación temporal, y aquellos en los que la Administración no logra probar el elemento subjetivo del dolo más allá de la mera superación cuantitativa del umbral.

En el delito fiscal, umbral de 120.000 euros, por el contrario, suelen derivar hacia la vía penal los supuestos de facturación ficticia o simulada, el uso de sociedades pantalla sin estructura ni actividad real, la ocultación sistemática de ingresos, la doble contabilidad y, en general, cualquier maniobra dirigida específicamente a impedir que la Administración conozca el hecho imponible real. La línea divisoria no siempre es nítida en la práctica, y es precisamente en esa zona gris donde conviene disponer de asesoramiento especializado desde el primer requerimiento.

3. Cómo se calcula el delito fiscal, umbral de 120.000 euros: importes, periodos y cuota defraudada

El umbral de 120.000 euros no se refiere a la deuda tributaria total resultante de una inspección, ni a la suma de intereses y recargos, sino específicamente a la cuota defraudada: la parte del tributo que se ha dejado de ingresar, o se ha obtenido indebidamente como devolución, por la conducta dolosa del contribuyente. Este matiz es determinante y genera no pocos malentendidos, porque una liquidación de inspección elevada no implica necesariamente que la cuota estrictamente defraudada alcance el umbral penal.

Concepto Computa para el umbral de 120.000 € Observaciones
Cuota tributaria dejada de ingresar Sí Es el elemento nuclear del tipo penal
Devoluciones obtenidas indebidamente Sí Se equiparan a la cuota defraudada por el propio artículo 305 CP
Intereses de demora No Son consecuencia accesoria de la deuda, no integran la cuota defraudada
Recargos y sanciones administrativas No Se liquidan de forma separada y no se suman al umbral penal
Varios periodos o conceptos tributarios distintos Depende Como regla general no se acumulan entre sí salvo que la ley o la jurisprudencia admitan excepciones concretas (por ejemplo, determinados supuestos de IVA)

Además del importe, el cómputo exige fijar correctamente el periodo impositivo o de declaración al que se refiere la defraudación: en el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades, habitualmente el ejercicio anual; en el IVA, dependiendo del criterio aplicable, puede analizarse por periodos de declaración o, bajo ciertas condiciones, de forma anualizada. Un error común en la práctica es sumar cuotas de ejercicios distintos sin base legal para hacerlo, inflando artificialmente un umbral que, analizado correctamente concepto por concepto y periodo por periodo, podría no alcanzar los 120.000 euros exigidos por el tipo penal.

4. Prescripción tributaria y prescripción penal: diferencias críticas en el delito fiscal, umbral de 120.000 euros y cómo actuar frente a la Agencia Tributaria

Una de las confusiones más relevantes, y más perjudiciales, para quien se enfrenta a una investigación por delito fiscal es asumir que la prescripción tributaria y la prescripción penal funcionan igual. No es así, y la diferencia puede ser decisiva para la defensa.

La prescripción tributaria, regulada en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, opera a los cuatro años desde la finalización del plazo de declaración, y determina que la Administración ya no puede liquidar ni exigir la deuda tributaria correspondiente a ese periodo. La prescripción penal del delito fiscal, en cambio, se rige por las reglas generales del Código Penal (artículo 131 CP), y su plazo, de cinco años con carácter general para el tipo básico del artículo 305 CP, se cuenta desde que se consuma el delito, habitualmente coincidiendo con la finalización del plazo voluntario de declaración del tributo correspondiente.

La consecuencia práctica más relevante es que un periodo tributario puede estar prescrito a efectos administrativos y, sin embargo, no estarlo todavía a efectos penales, o viceversa, según el momento concreto en que se compute cada plazo. Esta disociación temporal exige un análisis individualizado de cada ejercicio afectado, y no una respuesta genérica aplicable a todo el periodo investigado.

Pero el límite no es solo temporal: también existe un límite a lo que la Agencia Tributaria puede investigar sobre ejercicios ya prescritos tributariamente, incluso cuando el delito fiscal asociado a otro ejercicio no prescrito todavía no haya prescrito penalmente.

Sobre delito fiscal, umbral de 120.000 euros, el Tribunal Supremo, en Sala de lo Penal, en Pleno, lo recordó con claridad en una sentencia de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3621), al anular una condena por delito fiscal porque la Agencia Tributaria había investigado, con cobertura formal de una comprobación de otro impuesto no prescrito, datos correspondientes a un ejercicio de IVA ya prescrito tributariamente. El Tribunal consideró que la referencia al impuesto no prescrito era, en los términos empleados por la propia resolución, "el señuelo que se dispuso para reabrir la investigación" de un periodo prescrito.

El propio Tribunal recordó que los artículos 66 bis y 115 de la Ley General Tributaria solo permiten comprobar hechos de ejercicios prescritos cuando esa comprobación resulta objetivamente necesaria para verificar un tributo no prescrito, con cobertura legal expresa y no como mera justificación formal. Al no existir esa cobertura, el Tribunal excluyó la prueba obtenida por aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y absolvió a los acusados.

Esta doctrina tiene una proyección defensiva importante: cuando una investigación por delito fiscal se apoya en datos obtenidos mediante una comprobación que, en realidad, servía para reabrir un ejercicio tributariamente prescrito sin que existiera necesidad real de verificar un impuesto no prescrito, cabe plantear la nulidad de esa prueba y, con ella, el debilitamiento sustancial de la acusación.

5. Qué puede hacer la Agencia Tributaria cuando aprecia indicios de delito

En este punto del delito fiscal, el umbral de 120.000 euros vuelve a ser relevante. Conviene dejar claro, porque es una fuente constante de confusión, que detectar una cuota superior a 120.000 euros no obliga automáticamente a la Agencia Tributaria a iniciar un procedimiento penal. El artículo 251 de la Ley General Tributaria regula la denominada liquidación vinculada a delito, y ofrece a la Administración distintas vías de actuación cuando aprecia indicios de delito fiscal durante un procedimiento de comprobación o inspección.

En concreto, la Agencia Tributaria puede: continuar el procedimiento de comprobación y, al mismo tiempo, pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitir el expediente al Ministerio Fiscal, dictando una liquidación vinculada a delito respecto de los elementos de la obligación tributaria no afectados por el posible delito; abstenerse de practicar liquidación vinculada a delito cuando ello pudiera perjudicar de forma irreparable las actuaciones, en cuyo caso pasa el tanto de culpa sin liquidar; o, directamente, formular denuncia o querella ante el Ministerio Fiscal o los tribunales, en lugar de agotar previamente la vía administrativa.

Esto significa que la AEAT puede promover de oficio un procedimiento penal sin necesidad de que el contribuyente haya reconocido nada, y sin que exista todavía una liquidación administrativa firme. También significa, en sentido inverso, que la Administración dispone de margen de apreciación: no toda cuota elevada se traduce mecánicamente en denuncia, y factores como la claridad del dolo, la existencia de criterios interpretativos razonables o la colaboración del obligado tributario pueden influir en la decisión de judicializar o no el expediente.

6. Procedimiento penal tributario: denuncia, Fiscalía, diligencias previas e instrucción

Superado el análisis de delito fiscal, umbral de 120.000 euros, en vía administrativa, una vez que la Agencia Tributaria remite el expediente al Ministerio Fiscal, o presenta denuncia o querella, se abre una fase procesal distinta de la meramente administrativa, con sus propias garantías y plazos. El Ministerio Fiscal puede, tras analizar la documentación remitida, formular querella ante el Juzgado de Instrucción competente, archivar provisionalmente si no aprecia indicios suficientes, o solicitar diligencias de investigación complementarias antes de decidir.

Admitida la querella o la denuncia, el Juzgado de Instrucción incoa diligencias previas, que constituyen la fase de investigación judicial propiamente dicha. Durante esta fase se practican las diligencias necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento: declaraciones del investigado, informes periciales económicos y contables, solicitud de documentación bancaria y mercantil, y, en su caso, medidas cautelares sobre bienes para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias.

Finalizada la instrucción, el procedimiento puede derivar en sobreseimiento, si no se considera acreditado el delito, o en la apertura de juicio oral, momento en el que la Fiscalía y, en su caso, la Abogacía del Estado como acusación particular, formulan sus escritos de acusación. Es importante subrayar que, a diferencia del procedimiento administrativo, en el proceso penal rigen plenamente la presunción de inocencia y la exigencia de prueba de cargo suficiente sobre el dolo, lo que abre un margen de defensa que en vía puramente administrativa, regida por otros principios probatorios, puede resultar más limitado.

7. Formas de defensa frente a una investigación por delito fiscal

La defensa frente a una investigación por delito fiscal, umbral de 120.000 euros, no se construye con una única estrategia, sino combinando distintas líneas según el momento procesal y las circunstancias del caso. Entre las más relevantes en la práctica se encuentran las siguientes.

Cuestionar el elemento subjetivo del dolo. El delito fiscal exige dolo, no basta con la mera discrepancia cuantitativa. Acreditar que la conducta respondía a una interpretación razonable de la norma, a un criterio contable sostenible o a un error no doloso puede ser determinante para excluir la responsabilidad penal, aunque subsista la obligación tributaria.

Impugnar el cómputo de la cuota defraudada. Como se ha explicado, no todo lo que figura en el acta de inspección integra necesariamente la cuota penal relevante. Revisar periodo por periodo, concepto por concepto, y excluir intereses, recargos y acumulaciones indebidas entre ejercicios distintos puede situar la cuota por debajo del umbral de 120.000 euros.

Invocar la prescripción, tributaria o penal, según corresponda. Como se explica en el apartado anterior, ambas prescripciones operan con reglas distintas, y es frecuente encontrar errores en el cómputo realizado por la propia Administración o por la acusación.

Denunciar la nulidad de pruebas obtenidas mediante investigación de ejercicios prescritos sin cobertura legal, conforme a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3621), cuando la comprobación de un ejercicio no prescrito se utilizó en realidad como pretexto para reabrir un periodo ya prescrito tributariamente.

Valorar la regularización tributaria como excusa absolutoria cuando todavía sea posible, de acuerdo con los plazos y requisitos que se explican en el siguiente apartado, dado que su efecto, bien utilizada, puede eliminar por completo la responsabilidad penal.

Acreditar medidas de cumplimiento normativo (compliance penal) cuando el investigado sea una persona jurídica, lo que puede modular, e incluso excluir, la responsabilidad penal de la empresa, sin perjuicio de la que corresponda a las personas físicas implicadas.

En Distress Abogados trabajamos estas líneas de defensa desde el primer requerimiento de información de la Agencia Tributaria, porque muchas decisiones que resultan determinantes para el resultado final del procedimiento penal se adoptan, en la práctica, durante la propia fase de comprobación o inspección administrativa, antes incluso de que exista denuncia o querella.

8. Regularización tributaria: la excusa absolutoria del artículo 305.4 CP

En el análisis de delito fiscal, umbral de 120.000 euros y cómo actuar frente a la Agencia Tributaria, la regularización ocupa un lugar central. El artículo 305.4 del Código Penal contempla una de las instituciones más relevantes, y a menudo menos conocidas, del delito fiscal: la posibilidad de quedar exento de responsabilidad penal mediante la regularización completa de la situación tributaria.

La justificación de esta excusa absolutoria, según ha explicado la doctrina especializada, no es premiar al defraudador, sino priorizar que la Hacienda Pública recupere el perjuicio patrimonial sufrido, evitando el coste de un proceso penal cuando el contribuyente repara voluntariamente el daño antes de que la maquinaria de persecución se haya puesto en marcha.

Para que la regularización despliegue este efecto exoneratorio, deben cumplirse varios requisitos acumulativos: reconocimiento completo de la deuda tributaria, incluyendo la presentación de la documentación necesaria y de la autoliquidación correspondiente que refleje el hecho imponible realmente producido, y pago íntegro de la deuda, incluidos intereses de demora y recargos. No basta con una simple rectificación formal sin pago efectivo.

El momento es decisivo. Conforme al propio artículo 305.4 CP, la regularización solo produce su efecto exoneratorio si se realiza antes de que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: que se haya notificado al obligado tributario el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de la deuda; que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, local o foral de que se trate interponga querella o denuncia contra el obligado; o que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias penales.

La doctrina especializada, como la desarrollada por el catedrático de Derecho penal Norberto J. de la Mata Barranco, explica que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige, de forma reiterada, que regularizar implique efectivamente pagar: así lo han entendido, entre otras, las sentencias de 15 de julio de 2002, 30 de abril de 2003 y 29 de mayo de 2009, para las que no basta con rectificar la autoliquidación si no se acompaña del pago de la deuda.

Para la atenuación potestativa del artículo 305.6 CP, aplicable cuando la regularización llega fuera de los plazos del apartado 4 pero antes de que transcurran dos meses desde la citación como imputado, la STS 340/2012, de 30 de abril, exige igualmente el reconocimiento de los hechos y el pago en ese plazo reducido.

Una cuestión práctica relevante, y que suele sorprender a quien no está familiarizado con la institución, es que la regularización puede alcanzar incluso a deudas ya prescritas tributariamente: el contribuyente puede optar por pagarlas igualmente para beneficiarse del efecto exonerador penal, y si la Administración se negara a aceptar el ingreso por entender extinguida la obligación, cabe acudir a la consignación notarial o judicial del importe como vía para acreditar la voluntad de regularizar.

9. Delito fiscal en la empresa: compliance penal frente a la Agencia Tributaria

Cuando el delito fiscal se produce en el seno de una persona jurídica, entra en juego un segundo nivel de responsabilidad penal, distinto del que recae sobre el administrador o la persona física autora material de la defraudación: la responsabilidad penal de la propia empresa, regulada en el artículo 31 bis del Código Penal desde la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 y perfeccionada por la Ley Orgánica 1/2015.

El criterio de referencia en esta materia sigue siendo la Sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de febrero, que fijó varios criterios estructurales todavía vigentes: para que la empresa responda penalmente es necesario, en primer lugar, que una persona física vinculada a ella (administrador de hecho o de derecho, representante legal, o empleado bajo su autoridad) cometa el delito; en segundo lugar, que ese delito haya sido posible o facilitado porque la organización no contaba con medidas adecuadas de vigilancia y control, lo que la propia resolución describe como "ausencia de una cultura de respeto al derecho" dentro de la estructura empresarial.

La sentencia también precisó que las sociedades meramente instrumentales, creadas sin actividad real y con el único propósito de cometer delitos ("sociedades pantalla"), quedan fuera del régimen del artículo 31 bis CP, sin perjuicio de que puedan acordarse sobre ellas consecuencias como la disolución o la pérdida de la posibilidad de beneficiarse de incentivos fiscales.

La consecuencia práctica de esta doctrina para cualquier empresa expuesta a un riesgo fiscal relevante es clara: disponer de un programa de compliance penal tributario adecuado es determinante. Este programa debe incluir protocolos de revisión fiscal, segregación de funciones en la elaboración y supervisión de autoliquidaciones, canales de denuncia interna, formación específica a los responsables financieros y contables, y una auditoría periódica independiente de los riesgos fiscales.

No se trata solo de una buena práctica de gobierno corporativo. Es un elemento que puede resultar determinante para excluir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica si, pese a todo, se produce una defraudación tributaria protagonizada por alguno de sus administradores o empleados.

En Distress Abogados ayudamos a empresas y grupos societarios a diseñar y revisar estos programas de cumplimiento normativo en materia fiscal, precisamente para reducir el riesgo de que una conducta individual, cometida por un administrador o un empleado, termine comprometiendo también la responsabilidad penal de toda la organización.

10. Jurisprudencia y doctrina contrastadas sobre delito fiscal

En materia de delito fiscal, umbral de 120.000 euros, la construcción jurídica se apoya en un cuerpo de jurisprudencia y doctrina ya consolidado que conviene conocer antes de diseñar cualquier estrategia de defensa o de cumplimiento. El Tribunal Supremo, en Sala de lo Penal y en Pleno, estableció en 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3621) un límite claro a la facultad de la Agencia Tributaria de investigar ejercicios tributariamente prescritos amparándose formalmente en la comprobación de un impuesto distinto no prescrito, excluyendo como prueba ilícita, conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos obtenidos sin que existiera una necesidad real y legalmente amparada de verificar el tributo no prescrito.

En materia de regularización tributaria como excusa absolutoria, la doctrina de Norberto J. de la Mata Barranco, catedrático de Derecho penal de la Universidad del País Vasco, recopila una línea jurisprudencial reiterada – sentencias de 15 de julio de 2002, 30 de abril de 2003 y 29 de mayo de 2009, y STS 340/2012, de 30 de abril – que exige el pago efectivo de la deuda, y no una simple rectificación documental, para que opere el efecto exonerador o atenuante del artículo 305, apartados 4 y 6, del Código Penal.

Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de febrero, continúa siendo la referencia obligada: exige la comisión de un delito por una persona física vinculada a la empresa y la ausencia de medidas eficaces de vigilancia y control como presupuesto de la responsabilidad corporativa, excluye del régimen a las sociedades meramente instrumentales, y refleja en su propio seno un debate, todavía vivo en la doctrina, sobre a quién corresponde la carga de probar la eficacia real de los programas de cumplimiento normativo implantados por la empresa.

11. Casos prácticos orientativos

Sobre delito fiscal, umbral de 120.000 euros y cómo actuar frente a la Agencia Tributaria, estos ejemplos, basados en escenarios habituales en la práctica de Distress Abogados, ilustran cómo se combinan los elementos analizados en esta guía según el perfil de cada expediente.

Caso Situación Enfoque de defensa recomendable
Ajuste de IVA con facturas de dudosa procedencia Inspección detecta un ajuste superior a 120.000 euros vinculado a facturas de proveedores con indicios de falta de actividad real Analizar si existe prueba suficiente de dolo frente a un simple error de verificación de proveedores, revisar el cómputo exacto de la cuota por periodo y valorar una regularización temprana si todavía es posible
Administrador investigado por Impuesto sobre Sociedades en ejercicios parcialmente prescritos La Agencia Tributaria utiliza una comprobación sobre un ejercicio no prescrito para extender la investigación a datos de un ejercicio ya prescrito tributariamente Invocar la doctrina del Tribunal Supremo de 2020 sobre los límites a la investigación de ejercicios prescritos y plantear la exclusión de la prueba obtenida sin cobertura legal real
Pyme con descontrol interno y sin programa de cumplimiento Un responsable financiero comete irregularidades fiscales relevantes sin que existan protocolos internos de supervisión Implantar con urgencia un programa de compliance penal tributario y valorar la regularización de la situación si aún no se han iniciado actuaciones formales, para limitar tanto la responsabilidad individual como la de la propia empresa

12. Preguntas frecuentes sobre el delito fiscal y el umbral de 120.000 euros

¿Superar los 120.000 euros significa automáticamente que hay delito fiscal, umbral de 120.000 euros?

No. En el delito fiscal, umbral de 120.000 euros, además de superar el umbral cuantitativo referido a la cuota defraudada, es necesario que concurra dolo, es decir, una voluntad consciente de defraudar a la Hacienda Pública. Una discrepancia de criterio interpretativo o un error contable sin ánimo defraudatorio puede quedar en el ámbito meramente administrativo, aunque la cuantía regularizada sea elevada.

¿La Agencia Tributaria está obligada a denunciar siempre que detecta un posible delito fiscal?

No de forma automática en todos los casos, pero sí dispone de un margen de actuación muy amplio conforme al artículo 251 de la Ley General Tributaria: puede continuar el procedimiento con liquidación vinculada a delito y, a la vez, pasar el tanto de culpa, abstenerse de liquidar si ello pudiera perjudicar la investigación, o presentar directamente denuncia o querella. En la práctica, la AEAT puede promover de oficio la vía penal sin que exista todavía una liquidación administrativa firme.

¿Qué diferencia hay entre la prescripción tributaria y la prescripción penal del delito fiscal?

La prescripción tributaria opera a los cuatro años conforme al artículo 66 de la Ley General Tributaria e impide a la Administración liquidar la deuda de ese periodo. La prescripción penal del delito fiscal se rige por las reglas generales del Código Penal, con un plazo distinto que se computa desde la consumación del delito. Ambos plazos pueden no coincidir, por lo que un mismo ejercicio puede estar prescrito a efectos tributarios y no estarlo todavía a efectos penales, o a la inversa.

¿Sirve de algo regularizar la situación tributaria si ya se ha iniciado una inspección?

El efecto exonerador pleno del artículo 305.4 del Código Penal exige que la regularización se produzca antes de que se notifique el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, antes de la querella o denuncia, o antes de que el investigado tenga conocimiento formal de diligencias penales. Fuera de esos momentos, todavía puede aplicarse la atenuación del artículo 305.6 CP si el reconocimiento de los hechos y el pago se producen dentro de los dos meses siguientes a la citación como imputado.

¿Cómo protege el compliance penal a una empresa frente al delito fiscal?

Para el delito fiscal, umbral de 120.000 euros, un programa de cumplimiento normativo adecuado, con protocolos de revisión fiscal, segregación de funciones, canales de denuncia interna y auditoría periódica, puede resultar determinante para excluir o atenuar la responsabilidad penal de la propia persona jurídica si, pese a todo, un administrador o empleado comete una defraudación tributaria, conforme a los criterios fijados por el Tribunal Supremo en su Sentencia 154/2016, de 29 de febrero.

¿Qué debo hacer si recibo un requerimiento de la Agencia Tributaria que apunta a un posible delito fiscal?

Ante cualquier duda sobre el delito fiscal, el umbral de 120.000 euros y cómo actuar frente a la Agencia Tributaria, lo primero es no responder sin asesoramiento especializado, revisar con detalle el cómputo exacto de la cuota, los periodos afectados y los plazos de prescripción aplicables, y valorar, si procede, la viabilidad de una regularización temprana. Cuanto antes se analice el expediente, más opciones de defensa existen disponibles.

¿Has recibido un requerimiento de la Agencia Tributaria con indicios de delito fiscal, o te preocupa la exposición de tu empresa ante una posible derivación de responsabilidad tributaria? En Distress Abogados analizamos el expediente, revisamos el cómputo del umbral y los plazos de prescripción, valoramos la viabilidad de una regularización y diseñamos la estrategia de defensa o el programa de compliance penal que mejor proteja tu situación personal o la de tu empresa. Llámanos al +34 910 79 22 62 y estudiamos tu caso.

FH
Artículo firmado porFélix HerreroAbogado · Derecho concursal, segunda oportunidad y tributario · Colegiado ICAM
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