Elegir entre concurso o segunda oportunidad es la primera decisión estratégica cuando las deudas superan a los ingresos, y cada vía responde a un perfil distinto.
Cuando las deudas superan a los ingresos y no hay forma viable de pagarlas, el ordenamiento jurídico español ofrece dos grandes vías de salida: el concurso de acreedores y la Ley de Segunda Oportunidad. Se confunden con frecuencia porque comparten el mismo marco legal y parten del mismo presupuesto, pero no se aplican a los mismos perfiles ni persiguen los mismos objetivos. Elegir correctamente, y hacerlo en el momento oportuno, puede marcar la diferencia entre proteger el patrimonio y perderlo.
Esta guía explica en qué consiste cada procedimiento, cómo se relacionan, qué novedades introduce la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2026 (STS 259 a 264/2026) y cómo saber cuál es la opción más adecuada para cada caso.
En este artículo
- Dos vías para el mismo problema: la insolvencia
- Un mismo marco legal: el TRLC y la reforma de 2022
- ¿A quién se dirige cada procedimiento?
- El objetivo de cada vía: continuar, liquidar o cancelar
- La segunda oportunidad es un concurso de persona física
- Fases del concurso de acreedores
- El caso del administrador: cómo se combinan las dos vías
- Deuda con Hacienda y Seguridad Social
- Requisitos de buena fe
- El concurso sin masa
- Plazos, costes y efectos de cada vía
- La vivienda habitual: cómo protegerla
- Deudas que no se pueden cancelar
- Cómo decidir: siete preguntas clave
- Preguntas frecuentes
Dos vías para el mismo problema: la insolvencia
Ambos mecanismos parten del mismo presupuesto objetivo: la insolvencia, definida en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020) como la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles. La insolvencia puede ser actual, cuando ya no se pueden atender los pagos, o inminente, cuando es razonablemente previsible que en breve plazo tampoco se podrá. El ordenamiento permite e incluso incentiva actuar antes de que la insolvencia sea total, mediante mecanismos preconcursales que generan tiempo y protección.
La diferencia de fondo entre ambas vías está en quién es el deudor y en qué pretende conseguir:
- El concurso de acreedores ordena judicialmente la situación de una empresa o persona física insolvente frente a todos sus acreedores, con intervención del juzgado y, en la mayor parte de los procedimientos, de un administrador concursal. Su objetivo puede ser la continuidad del negocio mediante un convenio, o su liquidación ordenada cuando la actividad ya no es viable.
- La Ley de Segunda Oportunidad (técnicamente, la exoneración del pasivo insatisfecho o EPI) permite a una persona física de buena fe cancelar las deudas que no puede pagar y reincorporarse a la vida económica sin el lastre de una deuda irreparable.
Ambas figuras se regulan en el mismo cuerpo legal: el TRLC. El concurso ordinario y sus especialidades se ubican en el Libro Primero; el procedimiento especial para microempresas, en el Libro Tercero; y la exoneración del pasivo insatisfecho, en los artículos 486 y siguientes del TRLC, reformados por la Ley 16/2022.
Un mismo marco legal: el TRLC y la reforma de 2022
La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, transpuso la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y representó la reforma más profunda del derecho concursal español en dos décadas. Las principales novedades que afectan a la comparativa son:
- Exoneración del pasivo insatisfecho configurada como un derecho, no como un beneficio excepcional, al que puede acogerse toda persona natural, sea o no empresaria (art. 486 TRLC).
- Desaparición del acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) como trámite previo obligatorio para acceder a la EPI.
- Nueva vía sin liquidación: el deudor puede obtener la exoneración sin liquidar su patrimonio, comprometiéndose a un plan de pagos de tres a cinco años, lo que permite conservar la vivienda habitual en ciertas condiciones.
- Procedimiento especial para microempresas (Libro Tercero del TRLC), como vía simplificada y digital para empresas con menos de 10 trabajadores y un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros. Lo detallamos en la guía del procedimiento especial para microempresas.
- Planes de reestructuración preventiva con posibilidad de arrastre entre clases de acreedores, que permiten reestructurar deuda sin declarar el concurso.
¿A quién se dirige cada procedimiento?
Concurso de acreedores: empresas, autónomos y también personas físicas
El concurso de acreedores puede ser solicitado por cualquier persona física o jurídica en situación de insolvencia actual o inminente, sin umbral mínimo de deuda. Los perfiles más habituales son empresas con deudas que no pueden atender, autónomos y empresarios individuales cuya deuda empresarial supera su capacidad de pago, y personas físicas no empresarias cuya insolvencia justifica un procedimiento judicial ordenado.
La obligación de solicitar el concurso pesa sobre el deudor dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia (art. 5 TRLC). Incumplir este deber puede derivar en la calificación culpable del concurso y en la responsabilidad personal de los administradores.
Ley de Segunda Oportunidad: solo personas físicas
La segunda oportunidad se dirige exclusivamente a personas físicas: particulares, autónomos y ex empresarios que arrastran deudas personales. La condición clave no es la naturaleza de la deuda ni su importe (aunque el TRLC exige que el pasivo no supere los 5 millones de euros), sino que el deudor reúna los requisitos de buena fe del artículo 487 TRLC. Una sociedad mercantil no puede acogerse a la segunda oportunidad: solo puede acudir al concurso, donde no existe exoneración del pasivo, sino liquidación o convenio.
El objetivo de cada vía: continuar, liquidar o cancelar
| Aspecto | Concurso de acreedores | Segunda Oportunidad |
|---|---|---|
| Objetivo principal | Convenio (continuidad) o liquidación ordenada | Exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) |
| ¿Quién puede acogerse? | Personas físicas y jurídicas | Solo personas físicas |
| Marco normativo | Libro I y III del TRLC | Arts. 486 a 502 del TRLC |
| ¿Requiere buena fe? | No como requisito de acceso | Sí, imprescindible (art. 487 TRLC) |
| ¿Cancela deudas del deudor? | No (salvo EPI en persona física) | Sí, total o parcialmente |
| ¿Puede conservarse la vivienda? | Depende del caso | Sí, con plan de pagos de 5 años |
| Plazo orientativo | 4 semanas (sin masa) a 5+ años | 4 a 18 meses según la vía |
El concurso de una empresa persigue la continuidad del negocio mediante un convenio homologado judicialmente, o la liquidación ordenada del patrimonio cuando la actividad ya no es viable. Cuando no existen bienes para sufragar siquiera los gastos del procedimiento, el concurso sin masa (arts. 37 bis a 37 quinquies del TRLC) permite cerrar la sociedad con rapidez. La segunda oportunidad, en cambio, busca directamente la exoneración de las deudas del deudor persona física para que pueda empezar de cero.
La segunda oportunidad es un concurso de persona física
Este es uno de los malentendidos más frecuentes. La segunda oportunidad no es un procedimiento ajeno al concurso: jurídicamente es un concurso de persona física que concluye con la exoneración del pasivo insatisfecho. La solicitud de la EPI se formula dentro del procedimiento concursal, ante el juez del concurso. Tras la reforma de 2022, la exoneración puede obtenerse por dos vías:
Exoneración con liquidación del patrimonio
El deudor pone a disposición de los acreedores su masa activa, que se liquida para satisfacer las deudas en la medida de lo posible. Lo que no puede cubrirse queda exonerado. Es la vía más rápida para quien no dispone de bienes relevantes o no desea conservarlos.
Exoneración con plan de pagos (sin liquidación)
El deudor propone un plan por el que destina parte de sus ingresos futuros al pago de las deudas durante tres años, que se elevan a cinco cuando no se realiza la vivienda habitual (art. 497 TRLC). Cumplido el plan, el juez concede la exoneración definitiva. Permite conservar la vivienda habitual (si la hipoteca está al corriente) y mantener los activos del negocio en el caso del autónomo, y la exoneración provisional paraliza las acciones de cobro desde su concesión.
Fases del concurso de acreedores
Fase común
Comienza con el auto de declaración del concurso dictado por el Juzgado de lo Mercantil competente. El juez nombra al administrador concursal, fija el régimen del deudor (intervención o suspensión de sus facultades) y ordena las publicaciones. Se determina la masa activa (inventario de bienes) y la masa pasiva (relación de acreedores con clasificación de créditos: contra la masa, con privilegio especial, con privilegio general, ordinarios y subordinados). Esta clasificación determina el orden de cobro y, en la segunda oportunidad, qué puede exonerarse.
Convenio o liquidación
Al concluir la fase común, el procedimiento se bifurca. En el convenio, el deudor o los acreedores proponen un acuerdo con quitas y esperas que requiere aprobación de la junta y homologación judicial. En la liquidación, se realizan los activos y se distribuye el producto según el orden de prelación; en personas físicas, su conclusión abre la vía a la solicitud de EPI.
Calificación
La sección de calificación determina si el concurso es fortuito o culpable (arts. 442 y siguientes del TRLC). La calificación culpable puede comportar la inhabilitación de administradores entre 2 y 15 años, la pérdida de sus créditos y la condena a cubrir el déficit concursal, con responsabilidad personal e ilimitada.
El caso del administrador: cómo se combinan las dos vías
El escenario más complejo y frecuente es el del administrador de una empresa en crisis. Aquí las dos vías no se excluyen sino que se combinan: la sociedad acude al concurso (ordinario, de microempresa o sin masa) y el administrador, como persona física, puede acogerse en paralelo a la segunda oportunidad para cancelar sus deudas personales, incluidas las contraídas como avalista de la empresa.
El punto crítico aparece cuando la AEAT o la TGSS reclaman al administrador las deudas de la sociedad mediante una derivación de responsabilidad tributaria (arts. 42 y 43 de la Ley General Tributaria). Hasta febrero de 2026, un acuerdo firme de derivación operaba en muchos juzgados como un obstáculo casi insalvable para obtener la EPI. Las STS 259 a 264/2026, de 18 de febrero, cambian este escenario: la derivación de responsabilidad no es, por sí misma, una sanción, sino un mecanismo de garantía del crédito público. Salvo que se acredite que tiene su origen en una conducta fraudulenta equiparable a una infracción tributaria muy grave, el administrador mantiene íntegramente su derecho a la exoneración.
Deuda con Hacienda y Seguridad Social
Durante años, el crédito público fue el gran escollo de la segunda oportunidad. El artículo 489.1.5.º del TRLC permite una exoneración parcial de las deudas con la AEAT y la TGSS dentro de estos límites:
| Tramo de deuda (por acreedor público) | Porcentaje exonerable | Importe máximo |
|---|---|---|
| Primeros 5.000 € | 100% (íntegra) | 5.000 € |
| De 5.000 € a 10.000 € | 50% del tramo | Hasta 10.000 € en total |
El límite se aplica de forma independiente a cada acreedor público. Las STS 260/2026 y 264/2026 añaden una aclaración de enorme calado: la limitación del artículo 489.1.5.º no alcanza al crédito público subordinado (recargos de apremio, intereses de demora y sanciones que no procedan de infracciones muy graves), que queda plenamente exonerable, sin sujeción al límite de los 10.000 euros. Como estos conceptos representan a menudo una parte muy sustancial de la deuda, el impacto práctico es enorme. Ampliamos este punto en la guía de segunda oportunidad y deuda pública.
Requisitos de buena fe
La buena fe no es un concepto moral abierto: el artículo 487 del TRLC la define a contrario, mediante una lista de causas que la excluyen. El deudor se presume de buena fe salvo que concurra alguna de estas circunstancias:
- Haber sido condenado por sentencia firme en los diez años anteriores por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o contra los derechos de los trabajadores.
- Haber sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias, de Seguridad Social o del orden social calificadas como muy graves en los diez años anteriores.
- Haber sido declarado persona afectada por la calificación de un concurso culpable, salvo satisfacción íntegra de la responsabilidad.
- Haber incumplido los deberes de colaboración e información con el juez y la administración concursal, o facilitado datos falsos.
Las STS de febrero de 2026 refuerzan el control judicial de oficio: el juez puede verificar la buena fe incluso sin oposición de los acreedores. Ya no basta con afirmarla; es preciso articular una solicitud rigurosa, con relación exhaustiva de acreedores y cada crédito identificado con precisión.
El concurso sin masa
Cuando no existen bienes con los que financiar siquiera los gastos del procedimiento, el artículo 37 bis del TRLC permite al juez, simultáneamente al auto de declaración, constatar la insuficiencia de masa activa y dictar el auto de conclusión. Es el concurso sin masa o concurso exprés. No exige (o reduce al mínimo) la intervención del administrador concursal, puede resolverse en pocas semanas y es la vía habitual para microempresas, autónomos cesados y personas físicas sin patrimonio. Para las personas físicas, su conclusión abre la puerta a la solicitud de EPI dentro del mismo procedimiento (art. 501 TRLC).
Plazos, costes y efectos de cada vía
| Tipo de procedimiento | Plazo habitual | Perfil del deudor |
|---|---|---|
| Concurso sin masa (empresa) | 4 a 8 semanas | Sociedad sin bienes |
| Concurso ordinario pyme | 18 a 36 meses | Empresa con patrimonio |
| Concurso ordinario mediana empresa | 2 a 5 años | Empresa con activos relevantes |
| Segunda oportunidad sin masa | 4 a 8 meses | Particular sin patrimonio |
| Segunda oportunidad con plan de pagos | 3 a 5 años (duración del plan) | Particular con vivienda o bienes |
Los costes dependen del tamaño del deudor y de la complejidad del caso. A modo de referencia: concurso exprés sin masa, 2.000 a 6.000 €; concurso ordinario pyme, 15.000 a 60.000 €; concurso ordinario de mediana empresa, 60.000 a 200.000 €; y segunda oportunidad sin masa, generalmente por debajo del concurso ordinario. Los honorarios del administrador concursal se fijan conforme al arancel del Real Decreto 1860/2004.
Una vez concedida la EPI, los acreedores afectados no pueden ejercitar acciones de cobro por las deudas exoneradas. La exoneración puede ser provisional (al inicio del plan de pagos, revocable si se descubre mala fe u ocultación) o definitiva (al final del plan cumplido o concluida la liquidación).
La vivienda habitual: cómo protegerla
Antes de la reforma de 2022, acogerse a la segunda oportunidad implicaba casi siempre perder la vivienda, porque la única vía era la liquidación. Desde la Ley 16/2022 existen dos estrategias:
Opción 1: plan de pagos (conservar la vivienda)
El deudor propone un plan sin liquidar sus bienes, de 5 años cuando no se realiza la vivienda habitual (art. 497 TRLC). La hipoteca debe estar al corriente (la EPI no cancela el crédito con garantía real), el deudor debe acreditar ingresos suficientes para atender hipoteca, plan y gastos ordinarios, y aunque la vivienda puede ser objeto de oposición si su valor neto es relevante, diversas Audiencias Provinciales aplican un principio de proporcionalidad que permite conservarla.
Opción 2: liquidación (cancelar toda la deuda)
El deudor entrega todos sus bienes, incluida la vivienda, a los acreedores, y obtiene la exoneración total de las deudas exonerables una vez concluida la liquidación. Es la vía adecuada cuando la hipoteca supera el valor de mercado del inmueble o cuando no hay ingresos para sostener el plan.
Deudas que no se pueden cancelar
La exoneración no es universal. Con independencia de la vía, el artículo 489.1 del TRLC declara no exonerables:
- Créditos por alimentos de origen legal (pensiones a hijos o cónyuge).
- Créditos salariales de los trabajadores.
- Responsabilidad civil por muerte o daños personales graves y la derivada de delito.
- Multas y sanciones por delitos graves o muy graves y por infracciones administrativas muy graves.
- Costas y gastos del propio procedimiento de exoneración.
- Deudas con garantía real, dentro del límite del privilegio especial (si el valor del bien no cubre la deuda, el exceso sí es ordinario y puede exonerarse).
- Crédito público que exceda de los límites del art. 489.1.5.º TRLC. Recuerde que el crédito público subordinado (recargos, intereses y sanciones no muy graves) sí es plenamente exonerable tras la doctrina del TS de 2026.
Cómo decidir: siete preguntas clave
- ¿Eres empresa o persona física? Una sociedad solo puede acudir al concurso; una persona física puede elegir entre concurso ordinario y segunda oportunidad.
- ¿Quieres continuar operando o liberarte de la deuda? La continuidad pasa por el convenio; la cancelación definitiva, por la EPI.
- ¿Tienes patrimonio que proteger, en particular la vivienda? Condiciona la vía: plan de pagos frente a liquidación.
- ¿Qué tipo de deuda predomina? Si hay mucha deuda pública con gran peso de recargos e intereses, la doctrina de 2026 amplía lo exonerable.
- ¿Existe una derivación de responsabilidad tributaria? Tras las STS 259 a 264/2026 ya no bloquea automáticamente la EPI; requiere análisis del caso.
- ¿Cuánto tiempo y recursos puedes destinar? El concurso sin masa o la EPI de un deudor sin patrimonio son rápidos; el plan de pagos implica 3 a 5 años.
- ¿Cuándo actuar? La insolvencia inminente permite actuar antes: el preconcurso (art. 583 TRLC) genera protección temporal de tres meses frente a ejecuciones.
No existe una respuesta universal. Cada caso exige un estudio de viabilidad individualizado que contemple la situación patrimonial, las perspectivas futuras, la naturaleza del pasivo y el perfil del deudor.
Preguntas frecuentes
¿Puede un autónomo acceder tanto al concurso como a la segunda oportunidad?
Sí. El autónomo es una persona física, de modo que puede acogerse tanto al concurso ordinario como a la segunda oportunidad para cancelar su pasivo personal. Si tenía actividad empresarial, puede quedar comprendido en el procedimiento especial de microempresas si cumple los requisitos de tamaño. La EPI está disponible con independencia de que la deuda tenga origen empresarial o personal.
¿Puedo acogerme a la segunda oportunidad si soy administrador de una empresa en concurso?
Sí. Son procedimientos distintos e independientes: la sociedad va al concurso y el administrador, como persona física, puede solicitar en paralelo la segunda oportunidad para sus deudas personales. Es uno de los escenarios más frecuentes, especialmente cuando Hacienda o la Seguridad Social han derivado deudas de la empresa al administrador. La defensa frente a la derivación y la estrategia de segunda oportunidad deben diseñarse de forma coordinada.
¿La segunda oportunidad cancela también las deudas con Hacienda?
En parte. El principal de las deudas con la AEAT y la TGSS solo se exonera hasta el límite del art. 489.1.5.º TRLC (10.000 euros por acreedor). Sin embargo, tras la doctrina del TS de febrero de 2026, los recargos de apremio, los intereses de demora y las sanciones no muy graves son plenamente exonerables por ser crédito subordinado, sin sujeción a ese límite.
¿Cuál es más rápido, el concurso o la segunda oportunidad?
Depende de si existen bienes que liquidar. Sin masa activa, tanto el concurso sin masa de una empresa como la exoneración de un particular pueden resolverse en semanas o pocos meses. Con patrimonio a liquidar o con plan de pagos, el plazo se extiende entre 3 y 5 años en la segunda oportunidad, o entre 18 meses y varios años en el concurso ordinario.
¿Qué ocurre si incumplo el plan de pagos?
El deudor puede optar por convertir el procedimiento a la vía de liquidación. La exoneración provisional puede revocarse si se descubren circunstancias de mala fe, ocultación de bienes o mejora sustancial de la situación económica (art. 493 TRLC). No cualquier dificultad puntual implica revocación: es precisa una alteración objetiva y significativa.
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